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Su puesta en marcha va a tener un impacto especialmente negativo para los productores españoles de carne de vacuno, porcino, leche y cereales. El modelo de producción canadiense permite la inyección de anabolizantes, antibióticos y hormonas de crecimiento en ganado, sustancias prohibidas en la UE por sus perniciosos efectos.

- El CETA tiene que ser ratificado ahora en los 28 parlamentos nacionales. COAG exige responsabilidad a los partidos políticos españoles. “O están con los ciudadanos y los agricultores europeos o con los intereses de un puñado de multinacionales agroexportadoras”, ha subrayado Miguel Blanco.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) se opone rotundamente al acuerdo de libre comercio UE-Canadá (CETA) que el Parlamento Europeo aprobó el pasado 15 de febrero porque pone en peligro el modelo social y profesional de agricultura de la UE y la apuesta estratégica de nuestros agricultores y ganaderos por la calidad, la seguridad alimentaria, el bienestar animal y el respeto al medio ambiente. En este sentido, COAG considera que igualar la normativa europea con la canadiense en materia de seguridad alimentaria y producción agraria supone un retroceso sin precedentes en los derechos de los consumidores, al tiempo que implica una competencia desleal para nuestros agricultores en base a un modelo de producción como el de Canadá que permite la inyección de anabolizantes, antibióticos y hormonas de crecimiento en ganado o la utilización del cloro para desinfección de carnes, (sustancias prohibidas desde hace años en la UE por sus perniciosos efectos).

Según los diversos estudios publicados, su puesta en marcha tendrá un impacto especialmente negativo para los productores españoles de carne de vacuno, porcino, leche y cereales, para el 90% las indicaciones geográficas a nivel europeo con denominación de origen y, por tanto, tambén para las extremeñas. Además, tendrá un fuerte impacto en el medio rural ya que prevé facilitar la privatización de los servicios públicos y prohibir la remunicipalización de los servicios privatizados.

El CETA tiene que ser ratificado ahora en los 28 parlamentos nacionales de los Estados Miembros de la UE, por lo que desde esta organización se exige a los partidos políticos españoles con representación en el Congreso responsabilidad a la hora de ejercer su voto. “Ya no vale la equidistancia y los posicionamientos ambiguos. O se está con los ciudadanos y los agricultores europeos o con los intereses especulativos de un puñado de multinacionales agroexportadoras. ¿De verdad quieren nuestros responsables políticos que los consumidores europeos se traguen anabolizantes y hormonas de crecimiento mientras que un grupo de bróker de fondos de inversión se enriquecen?" ha subrayado Miguel Blanco, Secretario General de COAG.